Denunciaron al genocida Héctor Acuña por abusar durante 10 años de una menor que estaba bajo su cuidado
El represor integró el Servicio Penitenciario bonaerense y fue torturador en el centro clandestino La Cacha. Fue condenado por 43 privaciones ilegales de libertad, 127 casos de tormentos que incluyeron abusos sexuales y numerosos homicidios doblemente calificados por alevosía.
Durante la última dictadura Héctor «El Oso» Acuña integró el Servicio Penitenciario bonaerense y fue torturador en el centro clandestino La Cacha. Una joven menor de edad, con quien tenía un vínculo familiar denunció que abusó de ella durante diez años, incluso estando detenido en la cárcel de Marcos Paz.
El represor, que fue reconocido por los sobrevivientes de La Cacha como uno de los interrogadores y torturadores de ese centro clandestino de detención, abusó de una niña que estaba a su cuidado. La joven nació en 1993 y fue víctima de Acuña desde que tenía solo cinco años. Incluso lo sufrió durante las visitas a la cárcel de Marcos Paz, luego de que el represor fuera condenado y apresado en 2006.
La joven, quién fue amenazada por Acuña para que no hablara, tenía un vínculo familiar, mientras sus padres trabajaban. Entre los cinco y los 14 años (entre 1998 y 2007) sufrió los abusos del represor. “Los hechos fueron sostenidos en el tiempo y adquirieron una gravedad progresiva a medida que la niña crecía”, detalla la denuncia presentada por la UFEM, que ahora tiene el juez federal de Morón Jorge Rodríguez.
En 2006, Acuña fue arrestado por delitos de lesa humanidad. La víctima fue llevada al penal de Marcos Paz para verlo cuatro veces y el represor, aun en ese contexto, buscaba alguna excusa para quedar a solas con ella, sobre todo cuando las visitas se hacían en unos boxes privados de la cárcel.
“Resulta evidente que es el fuero federal el ámbito ante el cual deben ser investigados y juzgados los abusos sexuales que se imputan a Acuña, ejecutados durante su detención en la Unidad penitenciaria federal, valiéndose de un ámbito que le era completamente conocido y en el que, en violación de normas reglamentarias, obtuvo las condiciones propicias para continuar con los hechos que perjudicaban a (la denunciante). En este último aspecto, no puede descartarse la participación de agentes penitenciarios con el fin de concretar y/o facilitar dichos abusos, lo que deberá formar parte de la presente pesquisa, en caso que se estime corresponda”, advirtió Labozzetta en su presentación.
Acuña fue encontrado culpable de 43 privaciones ilegales de libertad, 127 casos de tormentos y de los homicidios doblemente calificados por alevosía de Olga Noemí Casado y Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El tribunal describió a Acuña como una persona con gran autoridad entre los miembros de las fuerzas de seguridad, antisemita y muy temido por las víctimas por su salvajismo y violencia.
Recién cuando tuvo 16 años la denunciante le pudo contar a su mejor amiga lo que le había pasado, quién también declaró ante la UFEM y relató que la joven aseguraba que no podía denunciar a Acuña porque él afirmaba que si decía algo iba a matar a miembros de su familia. La presentación se hizo en octubre del año pasado. Mientras, Acuña estaba intentando obtener el beneficio del arresto domiciliario.