Ya se rechazaron diez pedidos de represores por el 2×1
La última solicitud, aún pendiente de respuesta, es del genocida Luciano Benjamín Menéndez. Hasta ahora hay 100 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad.
El repudiado fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con el 2×1 al represor de la última dictadura cívico-militar Luis Muiña generó una catarata de solicitudes, entre ellas la de Luciano Benjamín Menéndez, Miguel Etchecolatz y otros.
Sin embargo, distintos jueces rechazaron los pedidos, en parte sumándose a las limitaciones a la ley que impuso el Congreso y luego tuvo que refrendar hasta el presidente Macri, que tardó una semana en repudiar la medida de la Corte.
El caso emblemático que echó por tierra al beneficio para los genocidas lo protagoniza el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que rechazó hasta el momento diez presentaciones formuladas por condenados por crímenes de lesa humanidad.
Si no hubiera sido así, algunos de los represores hubieran logrado su libertad condicional pese a tener condenas firmes.
Según el Ministerio Público Fiscal, los rechazos del tribunal fueron dictados con dictámenes previos en el mismo sentido de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes del terrorismo de Estado que integran los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, además del fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira.
El MPF además indicó que el tribunal tiene a disposición cerca de 100 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad y en los próximos días deberá pronunciarse frente a otros pedidos similares.
Las presentaciones rechazadas hasta ahora son las del ex comisario Miguel Etchecolatz, el cura Christian Von Wernich, el ex subjefe de la Unidad Penal 9 de La Plata Isabelino Vega, el guardiacárcel de esa unidad Raúl Rebaynera, dos médicos penitenciarios que actuaron en esa cárcel, Carlos Domingo Jurío y Enrique Corsi; los civiles de inteligencia castrense Claudio Grande, Rufino Batalla y Raúl Espinoza -condenados en la causa por crímenes en el centro de detención «La Cacha»-, y el civil apropiador de una niña Omar Alonso.
Las resoluciones sobre Etchecolatz, Rebaynera y Vega fueron dictadas por el juez Germán Castelli y las que tratan los casos de Von Wernich, Jurío y Corsi por su colega Pablo Vega. Esas decisiones fueron unipersonales, dado que las causas atraviesan la fase de ejecución penal por encontrarse firmes las sentencias condenatorias.
El resto de los pedidos fueron resueltos por los tres jueces del tribunal. Una particularidad de estas últimas es que se resolvieron por la mayoría integrada por Vega y Castelli. El juez Alejandro Esmoris se pronunció en minoría a favor de aplicar el «2×1», por considerar que se trató de una ley penal más benigna.