Bahía Blanca: apelaron la prisión domiciliaria para dos imputados por delitos de lesa humanidad
El representante del Ministerio Público advirtió sobre los riesgos procesales de otorgar el beneficio a un ex integrante de la Triple A y un ex teniente coronel, quien transita un juicio oral y también fue condenado en 2015. Para el fiscal, los problemas de salud que alegaron las defensas pueden ser tratados en los hospitales intramuros.
El titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia Nº1 de Bahía Blanca, Antonio Horacio Castaño, presentó dos recursos de apelación contra las resoluciones del Juzgado Federal N°1 de esa ciudad bonaerense que otorgó la prisión domiciliaria a dos imputados por delitos de lesa humanidad. Se trata del ex integrante de «una asociación de personas de carácter permanente y de formación parapolicial denominada Triple A» (tal como la consigna el auto de detención de agosto de 2015) Osvaldo Omar Pallero; y del ex teniente coronel y ex segundo jefe de la «Agrupación Tropa» o «Equipo de Combate contra la subversión», Julio Guillermo González Chipont, quien ya cumple una condena a prisión perpetua transita otra instancia oral por crímenes perpetrados contra 103 víctimas en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.
Castaño advirtió al juez federal Walter Da Silva advirtió sobre los riesgos procesales que implican las concesiones de las medidas y que «se demuestra con la existencia de numerosos imputados prófugos que cuentan con una edad mayor que González Chipont, y con las mismas constancias médicas agregadas a la causa, ya que no indican padecimientos graves a su respecto».
El fiscal consignó también que los problemas de salud alegados por las defensas de ambos pueden «ser debidamente» tratados «dentro de la unidad penal» en la que se encuentran alojados.
Osvaldo Omar Pallero había sido procesado con prisión preventiva el 16 de septiembre de 2015 por el entonces juez federal subrogante de Bahía Blanca Alejo Ramos Padilla, junto a otros cuatro civiles integrantes de la Triple A, definida como una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad entre 1974 y 1975. Junto a Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno, integraban la «seguridad» del ex rector de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu. La gestión de Tetu en la UNS dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de estudiantes y cesantías masivas de docentes por razones políticas y el homicidio agravado del dirigente de la Federación Juvenil Comunista David Hover «Watu» Cilleruelo.
En tanto, Julio Guillermo González Chipont fue condenado en el juicio que se realizó entre julio de 2014 y noviembre de 2015 en Bahía Blanca contra 25 marinos, prefectos, militares y penitenciarios por crímenes cometidos durante la última dictadura en jurisdicción de la Armada Argentina en perjuicio de 66 víctimas, de las cuales 13 permanecen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y 48 sufrieron privación ilegal de la libertad y tormentos. En la sentencia, el Tribunal Oral ordenó al diario bahiense La Nueva Provincia que rectifique y publique que las personas que durante la dictadura cívico militar informó como terroristas muertas en enfrentamientos fueron, en realidad, víctimas de crímenes de lesa humanidad.