Organismos de DDHH llevaron a la Corte el reclamo por la demora en los juicios a represores

Referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, entre muchos otros organismos, presentaron un documento ante Lorenzetti para advertir sobre el freno en el ritmo del juzgamiento a genocidas y el “cambio de paradigma” en el discurso oficial sobre el tema.

Referentes de organismos de Derechos Humanos entregaron ayer una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para hacer llegar su preocupación sobre las demoras en los juicios a represores por crímenes de lesa humanidad.

El documento fue dado a conocer durante la mañana, en el marco del Encuentro Nacional en Defensa de Memoria, Verdad y Justicia, que tuvo lugar en el Congreso. Luego, la carta pública fue entregada a Lorenzetti en el Palacio de Justicia.

“Es preocupante ver cómo se asiste a un cambio de paradigma en el discurso oficial que tiende a considerar al terrorismo de Estado como una ´guerra sucia´ o ´violencia política´, o se ponga en duda la extensión del terror y el exterminio mediante declaraciones negacionistas de funcionarios públicos, o ver cómo asisten a actos oficiales personajes vinculados con el golpismo o su reivindicación, sin que eso genere respuestas contundentes por parte de los poderes públicos», advierte el texto.

También apuntaron contra el Poder Judicial, al que le atribuyen un «ritmo cansino para la realización de juicios», «lentitud para el desarrollo de los debates orales y públicos en curso» y «demora para conformar tribunales y obtener espacios propicios para la realización de las audiencias». Es el caso, por ejemplo, del Tribunal Oral Federal de San Martín, donde hay 16 juicios por crímenes de lesa humanidad en espera.

El documento lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Familiares de Desaparecidos y detenidos por razones políticas, Hijos Capital y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones.

En la carta se contrastaron los «avances» de los últimos años en el proceso de justicia por los crímenes de la última dictadura, con los «retrocesos en materia de políticas públicas que amenazan a todas las conquistas que hemos logrado en nuestro país”. Señalaron, también, los obstáculos que impiden darle cauce al juzgamiento de la responsabilidad empresarial durante el terrorismo de Estado.

A través de su carta, los organismos adelantaron la convocatoria “a una Gran Marcha de la Resistencia para el miércoles 7 y el jueves 8 de diciembre en Plaza de Mayo».