Advierten por emergencia judicial en causas de lesa humanidad

En una jornada realizada ayer organismos de derechos humanos y fiscales encendieron las alertas por los juicios por crímenes de lesa humanidad. Críticas a la concesión de prisión domiciliaria y al ministro Garavano.

En la misma semana en que Mauricio Macri dijo desconocer el número de desaparecidos, abogados de organismos de derechos humanos y fiscales pidieron que se declare el estado de emergencia en los juicios por crímenes de lesa humanidad, que se vienen llevando a cabo en el país desde 2006 tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Hubo críticas también por parte de los querellantes a la concesión de prisión domiciliaria, beneficio en el que viene insistiendo el ministro de Justicia, Germán Garavano.

“Pedimos que se declare el estado de emergencia judicial en causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, justicia pronta y activa”, leyó ayer la declaración emitida por la red de abogados Elizabeth Gómez Alcorta después de dos días de análisis de la situación en la ex-ESMA.

La Procuradoría de Crímenes Contra la Humanidad viene alertando hace meses que los juicios empezaron a desacelerarse y las audiencias a espaciarse pese a que existe una acordada de la Cámara Federal de Casación Penal de 2012 en la que se llama a la celeridad de los juicios.

“En estas causas nos enfrentamos a un riesgo: la impunidad biológica”, dijo el fiscal Jorge Auat, titular de la Procuradoría. En el juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) eran 67 los represores sentados en el banquillo en noviembre de 2012 — cuando se inició — pero once de ellos fallecieron durante el proceso, que probablemente se extienda hasta el año próximo.

Mientras los abogados que intervienen en causas de lesa humanidad insisten en que las causas por lesa humanidad deben acelerarse ya que los imputados envejecen o mueren sin responder ante la justicia — o las víctimas y los testigos, en varias jurisdicciones aparenta existir una decisión de dejar que los procesos vayan lentamente apagándose. Fuentes judiciales comentaron a Política Argentina que la Secretaría de Derechos Humanos dirigida por Claudio Avruj pidió a la Corte Suprema convoque a la comisión interpoderes — creada a fines de 2008 para discutir cuestiones vinculadas a los juicios de lesa humanidad. Los organismos de derechos humanos harán lo propio y pedirán una reunión en el máximo tribunal para manifestar a los supremos su preocupación ante el amesetamiento de los juicios.

“Avanzar con las causas siempre fue difícil”, dijo Auat. “El cepo de impunidad no sólo tenía que ver con las leyes”, completó. Según los abogados de lesa que se reunieron este fin de semana en la ex-ESMA, “buena parte del Poder Judicial se ha acomodado a estos tiempos”.

El número de sentencias dictadas por los tribunales empezó a caer en 2014, tendencia que se acentuó en 2015. El año pasado también estuvo marcado por varios retrocesos en lo que refiere a causas de lesa humanidad que investigaban la responsabilidad de empresarios o civiles: las investigaciones contra Carlos Blaquier (Ledesma) y Vicente Massot (dueño de La Nueva Provincia y el tío de Nicolás Massot, jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados), entre otras. Sin embargo, el proceso de juzgamiento que se reinició en 2006 registró un importante avance en marzo de este año, cuando se condenó al primer empresario involucrado en crímenes de lesa humanidad. Marcos Levín, dueño de la compañía de transportes La Veloz del Norte, fue sentenciado a doce años de prisión por el secuestro y la tortura de un trabajador de la empresa ocurrido en 1977.