«Los juicios contra civiles no tienen marcha atrás»

La coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Carolina Varsky, destacó el avance en la identificación de los responsables civiles en los procesos que juzgan violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

Varsky reconoció «muchas dificultades» para investigar a empresarios, miembros de la iglesia y funcionarios judiciales, y ratificó que el proceso abierto en 2006 «no tiene marcha atrás».

Al realizar un balance sobre los logros y las asignaturas pendientes, la abogada observó que los delitos sexuales «también quedaron relegados» en los juicios que comenzaron en 2006, y recordó que desde 2010, fecha en que se dictó la primera condena, son doce los fallos que reconocen la existencia de esos delitos que «detallan quiénes fueron los responsables como autores directos o mediatos».

«Cuando se investiga a los funcionarios judiciales, muchos todavía están relacionados o enquistados en la corporación judicial. Y con los empresarios sucede algo similar. Es ahí donde los juicios se empiezan a demorar y se frenan las investigaciones», explicó Varsky, entrevistada por el Espacio Memoria.

La funcionaria puso como ejemplo de ello los llamados a indagatoria del titular del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y del presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, por sus vinculaciones con la represión.

«De todos modos, el Consejo de la Magistratura de la Nación investigó estas dilaciones y luego hubo una Unidad Fiscal que insistió en los llamados a indagatorias», subrayó, y destacó «ciertos avances» en Jujuy, con la causa que involucra al dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, por colaborar con la represión durante la llamada «Noche del Apagón».

«Allí el problema no fue jurisdiccional porque hubo un juez -y luego una Cámara- que confirmaron su procesamiento, sino que la dificultad estuvo en Casación, que hizo algo que jamás había hecho y que, de hecho, no volvió a hacer: analizar la prueba en el marco de un procesamiento, cuando es algo que no le corresponde», aclaró.

En esa causa, apuntó a la relación del empresario con los tres jueces de Cámara de Casación porque «firmaron una resolución excediéndose en sus funciones y facultades», y aclaró que actualmente «el caso está en el Ministerio Público, porque la Corte lo remitió a la Procuración para que dictamine».

La resistencia para juzgar a miembros de la Iglesia tiene como caso paradigmático el del sacerdote Emilio Graselli, secretario del vicariato castrense durante la última dictadura, que tiene dos pedidos de indagatoria, acusado por familiares de las víctimas de recibirlos en la capilla Stella Maris para captar información sobre los secuestrados y luego negarles que estuvieran detenidos en dependencias oficiales.

En ese marco, recordó que está a las puertas del juicio oral la causa que investiga el secuestro y desaparición de trabajadores de la automotriz Ford, aunque reconoció que «probar la responsabilidad empresarial es complejo en términos de obtener documentación».

«Cuando uno tiene que investigar a un integrante de las Fuerzas Armadas, hay un plan, un reglamento y unos legajos que permiten construir la responsabilidad que ese señor tuvo en determinada jurisdicción», explicó al contrastar con las pruebas que se necesitan para juzgar a empresarios.