Denuncian carencia de políticas públicas sobre violencia de género en la Provincia
La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) presentó un informe sobre las políticas públicas de violencia de género en la provincia de Buenos, mediante el que denunció que las medidas de prevención y acción frente a esta problemática son escasas y desarticuladas.
El informe fue redactado por la mesa de la CTA contra la violencia de género de la cual también participan organizaciones sociales, las diputadas provinciales Alicia Sánchez, Natalia Gradaschi, el equipo de la Red de Monitoreo de Políticas Públicas, el Instituto de Cultura Jurídica de la UNLP y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el Observatorio Social de la Legislatura, con un rol de articuladores.
Al respecto, Estela Díaz, secretaria de Genero de la CTA Nación, indicó que “si bien existe una legislación que alerta sobre la violencia de género aún no vemos políticas públicas activas emanadas del Estado provincial que protejan y cobijen a las mujeres víctimas de violencia”.
Según el informe, la violencia contra las mujeres ha aumentado en todos los sectores sociales y, “se asienta en la histórica relación asimétrica de género, en la cultura machista que aun perdura”.
“Esta problemática -aseveró Díaz- requiere de cambios culturales y educativos pero también de cambios de asistencia y atención de los organismos del Estado que deberían destinar más presupuesto para atacar con fortaleza la violencia contra las mujeres”.
En este sentido, entre otras propuestas, la conducción de la CTA señaló que debería implementarse un Sistema Integrado Provincial a través de la Mesa Intersectorial de la provincia de Buenos Aires, adecuar el procedimiento judicial de la ley 12.569 a lo establecido en la ley nacional 26485 y anular la mediación como forma de intervención en los casos de violencia familiar.
Para favorecer la asistencia integral a las víctimas de violencia de género, solicitan una mayor articulación entre los organismos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, con instancias de consulta y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.
En esta línea, conciben que el gobierno provincial y las comunas deben “garantizar un abordaje local de esta problemática”, lo que supone coordinar en las distintas localidades centros especializados de atención de la violencia.
Finalmente, el documento aprobado hace hincapié en que el programa, en coordinación con la Secretaría de Niñez, deberá otorgar prioridad en la asistencia directa a las mujeres, niñas y niños a su cargo que se encuentren en emergencia por violencia de género.