El Concejo de Necochea suspendería esta semana a Tellechea

El Concejo Deliberante de Necochea podría suspender preventivamente el próximo viernes al intendente municipal, Horacio Tellechea, en el transcurso de una sesión de carácter especial que fuera solicitada el martes por los bloques de la oposición al presidente del cuerpo legislativo, José Luis Vidal.

En esa sesión, que está prevista para las 18.30 del viernes, se presentaría el informe de la comisión investigadora que fuera creada para juzgar al jefe comunal por las irregularidades detectadas en la compra de aparatología hospitalaria con un subsidio de dos millones de pesos, así como en otros expedientes que también son motivo de análisis.

Según trascendió, Tellechea sería suspendido preventivamente por un período de hasta 90 días, en razón de haber demostrado una “conducta obstructiva y evasiva” durante este proceso, entendiéndose que esto “deviene lesiva en términos institucionales, republicanos y constitucionales”.

Los ediles que integran la comisión investigadora interpretan que “se han desoído, incumplido deliberadamente y negado todos y cada uno de los requerimientos dirigidos al Departamento Ejecutivo municipal, en una franca y expresa conducta obstructiva de la investigación dispuesta por ley”.

Se cuestiona que tampoco fue remitido el expediente 504/12 que contiene la licitación pública Nº 1/12, así como tampoco sus respectivos alcances.

En el informe que se presentará al pleno del cuerpo, relacionado con todo lo actuado hasta la fecha, se solicitará que “se arbitren los medios necesarios para hacer cesar la situación irregular y de extrema gravedad institucional por la que atraviesa el Estado municipal, ante el desconocimiento que el Departamento Ejecutivo evidencia frente a la vigencia de dos normas emanadas del Concejo Deliberante”.

En caso de ser suspendido, se descuenta que Tellechea recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires solicitando no innovar. Tiene un plazo de cinco días para dirigirse al máximo tribunal.

Resolución definitiva

El artículo 253º de la Ley Orgánica de las Municipalidades especifica que no más allá del plazo de suspensión de los 90 días, el Concejo deberá dictar resolución definitiva. Si así no lo hiciera, el Intendente recuperará de hecho el pleno ejercicio de sus facultades como tal. Igual efecto sobrevendrá cuando el pedido de destitución no cuente con la mayoría que exige el artículo 250º.

Mientras tanto, hasta el 11 de diciembre tiene plazo la comisión investigadora para dar a conocer sus conclusiones, tras lo cual el Intendente tendrá 10 días para formular su descargo y realizar su defensa.

Horacio Tellechea interpuso la semana anterior un recurso en la Suprema Corte de Justicia, planteando un conflicto de poderes entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

Es factible que el máximo tribunal adopte una resolución durante la jornada de este miércoles, en la que habitualmente da a conocer los acuerdos.

De acuerdo con lo consignado, el Intendente habría fundamentado las razones por las cuales considera que la comisión investigadora estaría viciada de nulidad y, por consiguiente, no tendría argumentos válidos para su proceder.

La situación de Issin

La situación de Alejandro Issin, concejal de Unión Peronista y presidente de la comisión investigadora, sería llevada a la sala el próximo jueves cuando el Concejo Deliberante concrete la última sesión del período ordinario.

La propia oposición presentará la cuestión para brindarle su aval al edil, el cual fue blanco de un ataque por parte del intendente municipal, Horacio Tellechea, quien planteó su inhabilidad por considerar que existe incompatibilidad para que ocupe una banca y para que se desempeñe como gerente en la Usina Popular Cooperativa Sebastián De María, teniendo en cuenta que esta entidad es concesionaria de un servicio municipal.

En la ocasión se presentaría el decreto 94/85, a través del cual se declaró “exentos de inhabilidad alguna para ser miembros del Concejo Deliberante” a quienes por entonces eran ediles: Julio César Amat y Daniel Osvaldo Pagani.

El primero de ellos se desempeñaba como titular del área de legales de la UPC, por lo que se daba una situación de similares características a las de Issin.