Sugieren la creación de un sistema integral de atención para adictos
El proyecto pertenece a la senadora María Isabel Gainza y tiene como objetivo implementar en todo el territorio provincial un organismo de atención público (SiPAPCA) dedicado a prevenir, diagnosticar y brindar atención médica para personas adictas.
El proyecto de la senadora Maria Isabel Gainza propone crear el Sistema Público de Atención de las Personas con Conductas Adictivas (SiPAPCA) y su implementación en todo el territorio bonaerense.
El objetivo de la presentación es que la Provincia cuente con un organismo dedicado a prevenir, diagnosticar y brindar atención médica, asistencia e investigación clínica y epidemiológica de personas con conductas de adicción, a través de la creación de una red de atención pública específica.
Según expresó Gainza en un comunicado, “actualmente, el Estado provincial carece de un sistema de atención pública y gratuita que promueva políticas preventivas y garantice la atención temprana, tratamiento y, en última instancia, ámbitos de internación para aquellas personas que sean adictas a sustancias legales o ilegales”.
“Los criterios neoliberales en materia de organización de la atención de la salud determinaron la cesión de dicha responsabilidad estatal en centros creados desde la sociedad civil -con encomiable compromiso, esfuerzo y sentido solidario – sin prever un ordenamiento común: no se determinaron protocolos de actuación, sistemas de evaluación y control de los tratamientos implementados, procesos de aprendizaje institucional, dejando tan sensible cuestión librada a una oferta voluntaria, heterogénea, eventual y asistemática”, explica en sus fundamentos.
“Párrafo aparte merece el grado de angustia y desconcierto al que se ven sometidos quienes se hallan en la situación límite de ver cómo sus hijos, parejas, amigos se encaminan en un proceso de autodestrucción ante el cual toda advertencia, ayuda o reclamo cae impotente en la indiferencia», sostiene en sus considerados el proyecto.
Para Gainza el esfuerzo de un Estado responsable debe estar fuertemente orientado al desarrollo de políticas que integren la cuestión social, educacional, productiva y de salud con acciones específicas que garanticen la promoción de la calidad de vida, el acceso a diagnósticos certeros y oportunos y a la constitución de ámbitos y procedimientos adecuados para la contención física y emocional de los adictos.