Proponen crear un registro nacional de violadores
Es a partir de un proyecto de la diputada radical santacruceña Elsa Álvarez, quien remarcó el carácter «reservado» de la nómina, a la que «podrán acceder los jueces y tribunales de todo el país», para poder «actuar de oficio, o a pedido de parte que acredite un interés legítimo».
La diputada nacional de la UCR, Elsa Álvarez, presentó un proyecto de ley por el cual propone crear y organizar dentro del Registro de Reincidencia, un registro nacional para los casos particulares de quienes hayan cometidos delitos contra la integridad sexual.
“Se trata de proteger así a la población del potencial peligro que importa la existencia de esta verdadera lacra social que son los violadores”, argumentó, para luego indicar que “debemos ejercer un mayor control sobre esta clase de delincuentes, habida cuenta del alto grado de reincidencia en su conducta”.
Además, la legisladora santacruceña remarcó que “son públicos numerosos estudios científicos que coinciden en afirmar que quienes cometen estos delitos presentan un alto grado de perversión, el que se manifiesta en un profundo desprecio por la condición humana de sus víctimas”.
“Frente a esta realidad, la respuesta del Estado no puede ser otra que arbitrar todos los medios a su alcance para impedir este tipo de conductas aberrantes. La identificación de los datos genéticos del delincuente resulta clave para el cumplimiento de esta finalidad”, añadió Álvarez.
En este sentido, recordó que “hubo varios proyectos tendientes a la creación de un registro especial para inscribir a los delincuentes sexuales: uno fue sancionado por la Cámara Baja, pero no se trató en el Senado, porque hay quienes sostienen que estos registros violan derechos humanos esenciales de los condenados”.
“Por eso, dentro del marco de las más estricta legalidad y atendiendo los derechos humanos de las víctimas, la solución es esta propuesta, incluir dentro de la ley vigente un registro de violadores, reservado, y al que podrán acceder los jueces y tribunales de todo el país, quienes podrán actuar de oficio, o a pedido de parte que acredite un interés legítimo, en la forma y modo que dispongan las leyes de procedimiento de la respectiva jurisdicción”, concluyó la diputada.