Otra vez la Iglesia pide perdón e «investigará» más a fondo los años de plomo y su rol

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reiteró su pedido de perdón por el rol de algunos de sus integrantes durante la última dictadura cívico militar y se propuso encarar «un estudio más completo de los acontecimientos» que ocurrieron durante esos años.
Así lo expresaron en una «Carta al pueblo de Dios» titulada «La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz», difundida en medio de las deliberaciones de la asamblea plenaria que se encuentra reunida desde el lunes en Pilar, presidida por José María Arancedo.
«No podemos ni queremos eludir la responsabilidad de avanzar en el conocimiento de esa verdad dolorosa y comprometedora para todos», dijeron los prelados en el texto, en el que reiteraron el pedido de perdón a «quienes hayamos defraudado o no acompañado como debimos».
«Nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres», añadieron, y precisaron que están abocados a «revisar todos los antecedentes» a su alcance.
En ese sentido, el Episcopado alentó a «otros interesados e investigadores, a realizarlo en los ámbitos que corresponda» y exhortó a «quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes».
«De nuestra parte, hemos colaborado con la justicia, cuando se nos solicitó información, de la cual podíamos disponer», agrega el texto de los obispos, en el que se definen como «servidores de la reconociliación».
«Conocemos los sufrimientos y reclamos de la Iglesia, por tantos desaparecidos, torturados, ejecutados sin juicio, niños quitados a sus madres, a causa del terrorismo de Estado. Como también sabemos de la muerte y desolación, causada por la violencia guerrillera», agregaron en la carta.
Los obispos sostuvieron que «a pesar de que la historia vivida no se deja desentrañar fácilmente, y tampoco la responsabilidad que cabe a cada persona, nos queda la preocupación por completar un estudio demorado pero necesario».
«Queremos estar cerca de cuantos sufren todavía por hechos no esclarecidos ni reparados. Cuando la justicia es demasiado largamente esperada, deja de ser justicia, y agrega dolor y escepticismo. Sabemos que en miles de familias hay heridas abiertas y angustiosas, por lo acontecido después del secuestro, detención o desaparición de un ser querido», dijeron.
En el documento, también se refieren a afirmaciones recientes de Jorge Rafael Videla, en las que atribuyó a «quienes entonces conducían el Episcopado, alguna complicidad con hechos delictivos» y reiteraron conceptos de monseñor Arancedo, quien -meses atrás- respondió que «una suerte de connivencia es totalmente alejado de la verdad de lo que hicieron los obispos involucrados en ese momento».
Sobre el modo de actuar de sus predecesores, los obispos indican que no conocen «a fondo cuánto supieron personalmente de lo que estaba sucediendo» y destacan que «intentaron hacer cuanto estaba a su alcance por el bien de todos, de acuerdo con su conciencia y juicio prudencial».
Reconocen asimismo que no todos los miembros de la Iglesia «pensaron y actuaron con idénticos criterios».
Luego, reseñan varias declaraciones y publicaciones de la Iglesia sobre el tema, como el documento «Iglesia y Comunidad Nacional» de 1981 que condenó «toda forma de violencia», y el pedido de perdón que se hizo -en el marco del jubileo del año 2000- en el Encuentro Eucarístico de Córdoba.
«La reconciliación no es `borrón y cuenta nueva´, y menos impunidad. Es necesario: el empeño en la búsqueda de la verdad, el reconocimiento de cuanto sea deplorable, el arrepentimiento de quienes sean culpables, y la reparación en justicia de los daños causados», concluyen el documento.
Hasta el momento, el único miembro de la Iglesia que fue sentenciado por violaciones a los derechos humanos fue el ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich.
En octubre de 2007, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a reclusión perpetua «en el marco del genocidio» al ex capellán de la Policía bonaerense por siete crímenes, privaciones ilegales de la libertad y torturas.