Se aprobó la creación de la Policía Judicial bonaerense
La Cámara baja bonaerense aprobó el nuevo cuerpo que reemplazará a la Policía Bonaerense en la investigación de determinados delitos, fundamentalmente aquellos considerados graves o que sean cometidos por funcionarios públicos o miembros de fuerzas de seguridad. Los legisladores destacaron el amplio consenso de la norma a partir de los foros impulsados por Gabriel Mariotto.
Los diputados convirtieron en ley esta tarde en el recinto de la Cámara baja la iniciativa que crea el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que ya contaba con media sanción del Senado bonaerense desde el 4 de octubre último.
El nuevo cuerpo reemplazará a la Bonaerense en la investigación de delitos complejos, homicidios e ilícitos cometidos por funcionarios y policías, aunque a medida que se avance en su implementación se irá ampliando a otras figuras.
«La investigación judicial en los procesos penales en manos de la Policía no garantiza un buen final, un buen término, porque desnaturaliza uno de los ejes fundamentales: que la policía tiene que estar para la prevención y el Poder Judicial esencialmente para investigar con un criterio de independencia», fundamentó el diputado Marcelo Feliú durante el debate.
Feliú también destacó el amplio consenso del proyecto tras su discusión en los Foros para una Seguridad Democrática impuslados por el vicegobernador Gabriel Mariotto en todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires.
«Esto es mucho más que una simple ley», dijo el diputado del FPV y recordó que su gestación «tuvo un mecanismo que le otorga aún más legitimidad, como fue el que le impartió el vicegobernador a través de ocho foros en toda la Provincia para que los actores involucrados, de cara a la sociedad, pudieran decir lo que pensaban sobre el tema».
«Una de las conclusiones más importantes de esos foros de participación ciudadana fue que teníamos que terminar con el problema estructural de confundir a la policía con la investigación de ciertos delitos», apuntó.
Por su parte, el diputado Marcelo Saín (Nuevo Encuentro) si bien acompañó el proyecto en general, planteó algunas divergencias en cuanto a la competencia del Cuerpo de Investigación Judicial.
Para Saín la Policía Judicial “debería concentrarse en la investigación solamente de delitos complejos” de tres tipos: los cometidos por organizaciones criminales estructuradas, por funcionarios y por funcionarios penitenciarios o policiales.
A su turno, el presidente del bloque del FPV, Juan de Jesús, consideró que “estamos cumpliendo con una demanda constitucional que va a permitirle a la provincia de Buenos Aires mejorar las herramientas de investigación para delitos graves”.
La norma establece que la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia tiene a su cargo la administración general del Cuerpo de Investigadores Judiciales.
Además, otorga al Poder Ejecutivo un plazo de 6 meses a partir de la sanción de la norma para la conformación de la nueva fuerza y prevé que a partir del año próximo comience como prueba piloto en el departamento judicial de Mar del Plata.
Organismo de derechos humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) expresaron su apoyo a la iniciativa que significa «un avance significativo en la democratización de la justicia y un cambio de paradigma en la investigación criminal».
«Desde la reforma constitucional del 94 y con la instalación parcial del sistema acusatorio en la Provincia, la modificación integral del órgano de investigación de delitos complejos que postula el proyecto constituye una de las reformas más importantes, tendiente a fortalecer la calidad institucional y afianzar el estado democrático de derecho», aseguraron cuando el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara alta.
Desarmaderos
En la sesión de este jueves, los diputados bonaerenses también aprobaron la adhesión a la ley nacional 25.761, que regula el funcionamiento de los desarmaderos de automóviles y la venta de autopartes usadas a fin de evitar la comercialización ilegal de estas piezas provenientes del delito.
La normativa, sancionada en el 2003 por el Congreso Nacional, establece que todos los locales que se dediquen a la venta de autopartes usadas deben estar previamente habilitados por el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas. Además, exige que cada una de ellas cuente con un sticker identificatorio entregado por dicha autoridad previa demostración del origen legal del repuesto.
Mediante la modificación del artículo 33 del Decreto Ley Nº 7543/69, se indica que las autopartes o restos de vehículos, considerados no aptos para rodar, serán destruidos cumpliendo con los procedimientos ambientales vigentes. La potestad de esta decisión estará a cargo de la Secretaría General de Gobernación y la Dirección de Automotores.