Trabajadores despedidos del Grupo Clarín marcharán contra de la «apropiación irregular» de Canal 13

 

Trabajadores despedidos del Grupo Clarín se movilizarán este miércoles al Congreso para denunciar la «apropiación irregular de Canal 13» y reclamar por los «desfalcos millonarios contra el Estado y los empleados» del multimedio.

El ex delegado del personal de Canal 13 (Artear S.A/Grupo Clarín) José Carbonelli sostuvo que existió una «asociación ilícita» entre el Grupo Clarín y el ex presidente Carlos Menem, que tuvo como fin la «apropiación irregular de Canal 13 por parte del multimedio y la violación del pliego licitatorio».

 

«Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, sigue mintiendo e intenta victimarse pero no podrá acallar nuestras denuncias sobre el desfalco de 15 millones de dólares en perjuicio del Estado y de los trabajadores en la adquisición irregular de la Licencia de Canal 13», indicó el ex delegado.

 

Carbonelli precisó: «La licencia fue abonada a un valor irrisorio de 5 millones de dólares que provinieron de los 7 millones de dólares que Artear S.A nos robó de nuestros salarios a los trabajadores, probado por Resoluciones del Superior Tribunal de Cuentas de la Nación, el Ministerio de Trabajo y por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo».

 

El perjuicio al Estado también aparece -según denuncian en un comunicado de prensa los trabajadores cesanteados- en la condonación millonaria de 310 millones de dólares que el ex presidente Menem le otorgó al Grupo Clarín, por «incumplimiento de deudas, por no pago de gravámenes y multas. Con ese dinero ahorrado se apropiaron de más de 300 licencias de televisión».

 

«Ese robo fue comprobado por la Sindicatura General de la Nación ante el ex COMFER», señaló el dirigente gremial, al tiempo que exigió que el Grupo Clarín salde los «desfalcos millonarios contra el Estado y los trabajadores, a quienes deberán cumplimentar el pago de los 7 millones de dólares adeudados».

 

Y concluyó: «Más los 120 millones de dólares que debieron ser pagados a los trabajadores, por el 10% de las acciones por propiedad participada como fuera concedido a los empleados de todos las empresas estatales que fueron privatizadas».