La Comisión Provincial por la Memoria insiste en el reclamo por el recorte del 34%

El co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, habló de cara a una reunión que mantendrán mañana con el Ejecutivo. “Todo lo que sea reducción en materia de derechos humanos es un retroceso en la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria”, precisó. La decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Saintout, acompañó el reclamo. Hoy brindaron una conferencia de prensa.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) brindó hoy una conferencia de prensa contra el recorte del 34 por ciento sobre el organismo, promovido por el gobernador Daniel Scioli.

En ese marco, los integrantes de la CPM anunciaron que fueron convocados por el Secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto, para mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, aunque no confirmó la presencia de Scioli. El encuentro está previsto para las 15.30 y se espera que el Ejecutivo provincial dé una respuesta al reclamo contra el recorte presupuestario.

“El recorte que ha impuesto el gobernador Scioli significa un cambio de paradigma en materia de derechos humanos. En los trece años que llevamos de existencia como organismo plural, independiente y autónomo, jamás hemos tenido un cercenamiento como éste”, dijo el co-presidente de la CPM, Hugo Cañón, en diálogo con AgePeBA.

En este sentido, explicó que “la CPM hace una planificación anual a principio de año con un presupuesto determinado, con un despliegue territorial, visitas a institutos de menores, cárceles, comisarías y demás. Esto se ve afectado por el recorte no sólo de este año, sino también el que se prevé para el 2013”.

Cañón confirmó que en la reunión con el Ejecutivo, además de redoblar el rechazo al ajuste en derechos humanos, también plantearán sus cuestionamientos sobre la Policía Bonaerense, que “responde a una estructura de poder que tiene que ver con el manejo político que hace el gobernador Scioli.

“Si no hay un mensaje claro respeto a la Policía y al Servicio Penitenciario, evidentemente el territorio será ganado por los sectores cómplices del delito complejo”, aseguró.

La conferencia de la CPM contó con el respaldo de la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Florencia Saintout, quien planteó el compromiso de la unidad académica contra el recorte presupuestario “porque es un asunto de toda la sociedad argentina y especialmente de los bonaerenses”.

“Tenemos muchas esperanzas en que no se lleve adelante este recorte porque nos parece una barbaridad. En el mismo momento en el que la Provincia reconoce que hay torturas en las cárceles y crea una entidad especial para prevenirlas, recorta el presupuesto de aquellos que hace años vienen trabajando en esa misma línea”, dijo Saintout a esta agencia.

En tanto, el secretario ejecutivo de la CPM, Alejandro Mosquera, precisó que “la política de combatir la tortura en la Provincia y en el país debe ser una política de Estado. Si no reconocemos que hay tortura no vamos a solucionar el problema porque el propio sistema lo oculta”.

“Más allá de las conversaciones a las que estamos dispuestos a realizar, el problema es que se tienen que cumplir lo que se promete, porque hasta ahora el Gobierno Provincial no lo hizo”, dijo en relación al presupuesto del organismo.

En cuanto al rol de la Comisión Interministerial contra la tortura creada por el Ejecutivo, Mosquera explicó que “si reconocen que hay tortura y actúan nos parece muy bien, pero no es un organismo de monitoreo autónomo como el que reclama la ONU”.

“Apoyamos el proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado y que impulsa la creación de un organismo autónomo. Pero si la ley no sale, o si el Gobierno veta esta iniciativa, y la interministerial queda como reemplazo, estaremos ante un retroceso enorme”, concluyó el secretario.

De cara a la reunión de mañana por la tarde, Cañón adelantó que «esperemos que el gobernador reflexione y cumpla con su palabra como nos dijo el 8 de agosto y no se recorten las políticas públicas en materia de derechos humanos».

El pronunciamiento de la CPM, realizado en la sede platense del organismo, fue acompañado por senadores, diputados y autoridades de la CTA, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Facultad de Humanidades (UNLP) y diversas organizaciones sociales y de derechos humanos.