Tres habeas corpus «cajoneados» durante la dictadura complican al Fiscal Gral. de Morón

MORÓN.- El presidente de la APDH de La Matanza, Pablo Pimentel, relató que el hallazgo de estos habeas corpus de tres desaparecidos “refleja una clara complicidad” judicial en la que se trató de ocultar la vinculación del Fiscal General de Morón, Federico Nieva Woodgate, con delitos de lesa humanidad.

Un nuevo avance registró la causa contra el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, acusado por organismos de derechos humanos de estar relacionado con crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

El juez de Garantías de Morón, Alfredo Meade, informó del hallazgo de los Habeas Corpus originales de María Elena Peter, Armando Fioritti y Gustavo Morales Cortiñas, presentados como pruebas en la causa en contra de Nieva Woodgate y negados hasta ahora por las autoridades judiciales de Morón, que sostenían que esos documentos habían sido destruidos.

Al respecto, el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel, dialogó agencia Agepeba sobre la importancia del hallazgo.

“Meade tendría que haber aportado antes las pruebas que solicitamos”, dijo y pidió que “se procese a los responsables, que se juzgue la complicidad que tuvieron al no actuar en la investigación sobre el accionar de Nieva Woodgate”.

Los habeas corpus originales solicitados correspondían a María Elena Peter de Fioritti, empleada judicial que cumplía funciones en el Juzgado Penal Nº 2 de Morón, y su esposo Armando Fioritti. Ambos fueron secuestrados y desaparecidos precisamente mientras ese juzgado estaba de turno.

Sin la cooperación de la Justicia, en marzo de este año se logró individualizar en un libro de trámites de causas del año 1978 el habeas corpus interpuesto por el padre de María Elena para ella y su yerno. En la búsqueda se encontró también la causa caratulada como Privación Ilegal de la Libertad perteneciente al habeas corpus interpuesto por Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, en beneficio de su hijo Gustavo Morales Cortiñas.

Estos hallazgos se dieron como resultado de la investigación paralela articulada por el cuerpo de Abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en conjunto con la Asociación de Trabajadores Judiciales de Morón, ex funcionarios y empleados que comenzaron la reconstrucción histórica de los hechos ante la inocultable inacción judicial.

Por la negativa de la Justicia de Morón de brindar información, se interpuso un nuevo habeas corpus ante el Juzgado de Garantías Nº4, a cargo de Meade, solicitando el trámite definitivo. Fue recién entonces cuando se sumaron las pruebas a la causa.

“Este hecho refleja una clara complicidad entre las autoridades del juzgado para con el fiscal”, infirió Pimentel en AgePeBA, al considerar que en un primer momento se afirmó que los archivos no existían.

Nieva Woodgate fue juez penal de Lomas de Zamora durante la dictadura militar, y según una resolución de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, existe certeza de que todos los jueces de la Provincia de Buenos Aires sabían de la existencia de ciudadanos desaparecidos. En casos particulares, se tramitaba la desaparición forzada de personas como privaciones ilegales de libertad para evitar librar los oficios correspondientes y, en consecuencia, evitar que la naturaleza de los hechos imputados constituyeran delitos de lesa humanidad.

El fiscal general Nieva Woodgate forma parte en la investigación por el secuestro y posterior asesinato de Candela Sol Rodríguez en 2011, mientras que Meade fue desplazado de esa causa por la Cámara Penal de Morón a raíz de diversas irregularidades.

El Informe Final de la Comisión Candela, creada a instancias del vicegobernador, Gabriel Mariotto en el Senado bonaerense, recomendó el sometimiento a jury de ambos funcionarios.

Actualmente, la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, que lleva adelante el proceso recomendado por la comisión especial de la Cámara alta, informó que se necesita la confirmación por parte del Ministerio Público Fiscal para dar inicio al proceso. Sucede que la procuradora general, María del Carmen Falbo, solicitó “una prórroga” al considerar que se requiere “más información” sobre la actuación de Nieva Woodgate en la causa, así como del fiscal Marcelo Tavolaro, quien también fue apartado de la investigación por el crimen de la niña.