Julián Domínguez: «Kirchner reafirmó la soberanía del país»

El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, aseguró que desde la asunción de Néstor Kirchner se aplicó un plan de gobierno que estuvo basado en «la reafirmación de la soberanía, el crecimiento económico y las políticas sociales» y aseveró que «bajo estos preceptos se han sancionado una infinidad de leyes que fueron consolidando estas políticas».

En un reportaje exclusivo con Télam, Domínguez dijo que a diferencia de lo que sucedió en el gobierno de Carlos Menem cuando «la política se subordinó a la economía y el Estado cumplió un rol secundario», desde que asumió Néstor Kirchner en mayo del 2003, se comenzó un plan de gobierno que tuvo como característica la sanción de leyes que apuntaron a revalorizar el Estado y lograr el crecimiento económico con inclusión social.

Así, el dirigente bonaerense oriundo de la localidad de Chacabuco y ex ministro de Agricultura, describió las diferencias de modelos opuestos que han caracterizado a las dos décadas, y planteó la necesidad de avanzar en los próximos años en políticas para apuntalar la producción en áreas estratégicas.

Presidente de la Cámara de Diputados desde el 10 de diciembre del 2011, cuando Cristina se impuso en los comicios por el 54 por ciento de los votos, Domínguez expresa su convencimiento de que Argentina «tiene que dar un salto cualitativo» para avanzar en mejores niveles de producción en áreas claves, por lo que destacó la necesidad de «diseñar los proyectos que apunten a ese objetivo».

«Tenemos que construir una agenda para pensar la Argentina de los próximos diez años, con un desarrollo económico territorial e institucional que refleje el nuevo paradigma del país, vinculado al Mercosur y al Pacífico. Desde esa agenda debemos generar los instrumentos que garanticen su cumplimiento, y aquí el Congreso juega un rol fundamental por su sentido federal y representativo», apuntó.
En esa línea, subrayó que «tenemos que tener una visión estratégica en el diseño de las leyes», ya que en el futuro cercano «las disputas en el mundo van a ser por tres recursos que nosotros tenemos: el petróleo, los alimentos y el agua».

Agregó que «así como con la recuperación de YPF dimos un paso fundamental hacia la recuperación de nuestros recursos energéticos, también debemos apuntalar la capacidad productiva de la Argentina para la próxima década, en la cual proyectamos cosechar 160 millones de toneladas anuales de cereales y oleaginosas, y potenciar la industrialización de la ruralidad agregando valor en origen -un objetivo esencial para el desarrollo del interior de nuestro país-«.

 

En ese sentido, Domínguez afirmó que «debemos pensar cómo asegurar la protección y el correcto aprovechamiento del agua dulce, una cuestión que requiere una puntillosa revisión de nuestra arquitectura jurídica».

También señaló que «deberíamos comenzar a debatir una nueva ley de arrendamiento, y la posibilidad de constituir un mecanismo similar a la que alguna vez fue la Junta Nacional de Granos, para que el beneficiario de la renta sea el Estado y a través de él se generen las condiciones para comerciar con el resto de los países del mundo».

Domínguez recordó que, a diferencia de la política liberal de la década del 90, desde que asumió hace diez años Néstor Kirchner «se impulsó una gestión con un proyecto económico productivo con protección de la industria nacional, políticas de inclusión social y defensa de los derechos humanos; y una ampliación de derechos de cara al futuro, donde los jóvenes lograron una mayor participación en la vida política y democrática dentro de una Argentina que al cancelar sus compromisos internacionales, es artífice de su propio destino».

La política «estuvo signada por tres ejes fundamentales: la reafirmación de la soberanía, el crecimiento económico y las políticas sociales, y bajo estos preceptos se han sancionado una infinidad de leyes que fueron consolidando estas políticas», apuntó.

En esa línea, Domínguez señaló que se aprobaron proyectos esenciales para apuntalar el proyecto como las normas que «posibilitaron reestructurar la deuda y cortar la sumisión a los organismos internacionales» y que la Ley de Tierras y la recuperación de YPF son «insignias de la reafirmación de la soberanía nacional».

También reivindicó la sanción «en el terreno social, de leyes que posibilitaron la incorporación de nuevos jubilados que no podían acceder al anterior sistema, la movilidad jubilatoria y la nacionalización de los fondos de las AFJP».

Domínguez detalló que otras normas claves fueron las de «Educación Nacional, la de Financiamiento Educativo y la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que dieron respuesta a reclamos populares que signaron estos 30 años de democracia».

En ese sentido, resaltó la aprobación de la ley de Medios, que pese «a la resistencia de algunos grupos concentrados de aceptar una norma sancionada con el acuerdo de la mayoría de los representantes del pueblo y de las provincias, va camino a asegurar la pluralidad de voces que necesita toda democracia madura».

Esta política -señaló Domínguez- tuvo un cambio sustancial de la que se aplicó en la década del `90 que «estuvo fuertemente marcada por el proceso de globalización, que en Sudamérica estuvo orientado bajo el paradigma del consenso de Washington y la apertura irrestricta de la economía».

Recordó que «bajo estos preceptos se subordinó la política a la economía, y el Estado tuvo un rol secundario frente al avance del sector privado», y agregó que «así se llevaron adelante las privatizaciones de sectores fundamentales para nuestra soberanía, haciendo prevalecer la rentabilidad por sobre las necesidades que requiere la nación para su desarrollo».

En la entrevista con Télam, Domínguez además destacó el debate que se está realizando para modificar el código civil y comercial, y en ese sentido dijo que el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner «es que puedan canalizarse las opiniones diversas de todos los argentinos, porque cuando la discusión se da en los ámbitos institucionales contribuye al mejoramiento del sistema democrático y a la visibilidad del sentido de las leyes que se dictan».

Dijo que esta iniciativa «consagrará bajo una estructura jurídica toda la ampliación de derechos que se alcanzó en esta década: la reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial, que contempla las cuestiones que hacen a la vida cotidiana de la ciudadanía en virtud de mejorar su calidad de vida, y cuya discusión hemos llevado al interior del país, con una veintena de audiencias públicas realizadas y más de 1.500 ponencias recibidas».