Continúa el Juicio Oral en la causa por el “Plan Cóndor”

Es este martes, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Capital, que encabeza el debate. Entre los 25 imputados se encuentran Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Hay citados alrededor de 500 testigos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Capital Federal sigue este martes el juicio oral y público en la causa conocida como “Plan Cóndor”, en la que se juzga a 25 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Está previsto que en la jornada el tribunal continúe con la lectura del auto de elevación a juicio. CIJ TV transmite en vivo.
El tribunal está integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo G. Laufer y Ricardo Angel Basílico (éste último como juez sustituto).
Las causas acumuladas en este juicio oral son las siguientes:
1) Causa 1.504 caratulada “VIDELA, Jorge Rafael y otros s/privación ilegal de la libertad personal” –“Plan Cóndor I”- (Expediente n° 13.445/1999 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 -Secretaría N° 14-).-
En la misma se encuentran imputados: Jorge Rafael Videla, Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Luciano Benjamín Menéndez, Bernardo José Menéndez, Jorge Carlos Olivera Róvere, Eugenio Guañabens Perelló y Carlos Miguel Landoni.
En esta causa se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos, los cuales alcanzan un total de ciento ocho (108) casos, en el marco de los objetivos propuestos en el acuerdo que se habría celebrado entre varios países del Cono Sur y que diera en llamarse “Operación Cóndor”, atribuyéndoseles a los encausados el delito de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.
2) Causa nº 1.951 caratulada “LOBAIZA, Humberto José Román y otros s/privación ilegal de libertad (art. 144 bis inc. 1° del C.P.)” –Plan Cóndor II- (Expediente n° 2.510/2008 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7–Secretaría n° 13).
En este caso están imputados Humberto José Román Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti y Manuel Juan Cordero Piacentini (éste último militar uruguayo).
Se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de la denominada “Operación Cóndor”, en un total de (13) casos, atribuyéndoseles a los encausados el delito de asociación ilícita –sólo a Alespeiti y Lobaiza- y de privación ilegítima de la libertad.
3) Causa n° 2.054 caratulada “FALCÓN, Néstor Horacio y otros s/asociación ilícita y privación ilegal de la libertad personal” –Plan Cóndor III- (Expediente n° 10.961/2011 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7 –(Secretaría n° 13).-
Los imputados son: Néstor Horacio Falcón, Federico Antonio Minicucci, Enrique Braulio Olea, Horacio De Verda, José Julio Mazzeo, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Rodolfo Emilio Feroglio, Luis Sadi Pepa, Mario Alberto Gómez Arenas y Juan Avelino Rodríguez.
En ese legajo se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos, los cuales alcanzan un total de (35) casos, en el marco de la denominada “Operación Cóndor”, y se le imputa a los nombrados el delito de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.
4) Causa nº 1.976 caratulada “FURCI, Miguel Ángel s/privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos” –Automotores Orletti II- (Expediente n° 2.637/2004 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 –Secretaría n° 6-).
En estas actuaciones el único imputado es Miguel Ángel Furci. Se le imputan presuntas violaciones a los derechos humanos, que habrían ocurrido en el período mayo a noviembre del año 1.976 en el centro clandestino de detención y tortura (ccdt) “Automotores Orletti”, sito en la calle Venancio Flores n° 3.519/21 de esta ciudad, en un total de (67) casos, atribuyéndosele al imputado los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada e imposición de tormentos.
Según informaron desde el tribunal, la duración del debate se prevé que será de aproximadamente dos años –mínimo- y está previsto que declaren alrededor de 500 testigos por estos hechos.