«Si la desaparición de Arruga no se resuelve, Scioli tendrá una mochila cargada de impunidad»
El titular de la APDH La Matanza, Pablo Pimentel, se refirió a los últimos avances en torno a la desaparición del adolescente de Lomas del Mirador y analizó las responsabilidades políticas y judiciales del caso. Destacó las gestiones de Guido Carlotto, pero apuntó contra el gobernador y su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.
Recién después de cuatro años, el caso de Luciano Arruga registró algunos avances con la detención del policía Julio Diego Torales, acusado de golpear al joven meses antes de ser visto por última vez, y el pase a disponibilidad preventiva de los ocho efectivos involucrados en su secuestro y desaparición.
En los últimos días, los fiscales Carlos Arribas y Celia Cejas, que instruyen la causa por “severidades y vejaciones” contra Arruga, pidieron al juez de Garantías de La Matanza, Gustavo Banco, la prisión preventiva para Torales.
“La prisión preventiva la consideramos como un paso que puede llevar a que tanto Torales como otros policías puedan decir realmente lo que pasó, pero hasta que eso no suceda no podemos quedar satisfechos”, dijo Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza.
Al ordenar la detención de Torales, el 8 de enero pasado, el juez Banco mencionó que hay dos oficiales más, sin identificar, que habrían participado de la golpiza que recibió el adolescente en septiembre de 2008 en el destacamento policial de Lomas del Mirador.
En cuanto a los ocho policías involucrados en la desaparición de Arruga, el 31 de enero de 2009, Pimentel dijo que ek pase a disponibilidad preventiva “no era lo que pedíamos”, ya que los familiares le habían exigido al gobernador Daniel Scioli que los exonerara
“Esperemos que esto derive en una investigación administrativa donde se dé cuenta de la culpabilidad y de una cantidad de horrores que se han cometido en los distintos destacamentos bonaerenses”, agregó.
Pimentel también se quejó por la larga espera que debieron soportar los familiares de Luciano hasta recibir respuestas por parte del Estado bonaerense: “Nos parece un despropósito porque debería haber un consenso de igualdad social en el que se atienda a todos los casos por igual. Los derechos humanos son iguales para todos y se defienden o se violan, no puede haber un termino medio”.
“En este caso se violaron los derechos humanos y el gobernador demoró en hacerse eco por la condición social de Luciano. Hay que tener en cuenta que tenía 16 años y era de un barrio carenciado de Lomas del Mirador”, dijo y sentenció que “si el caso Arruga no se resuelve, Scioli tendrá una mochila cargada de impunidad”.
Pimentel diferenció al secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto, por haber respondido “a nuestros llamados” y pedirle “al gobernador que nos atendiera en agosto del año pasado”, pero apuntó contra el actual ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, por “reprobar todo lo que la familia planteaba”.
“Casal nos atendió una vez junto con Carlos Stornelli (ex ministro de Seguridad) en una reunión que resultó nefasta”, rememoró.
El titular de la APDH La Matanza también criticó la política de seguridad de Scioli, quien “frenó el control político de la policía” y denunció que continuamente “se somete a los jóvenes pobres que están en una situación de vulnerabilidad”.
“En lugar de aplicar las leyes, la policía los recluta y forma sociedades cuasimafiosas en la cuales los pibes son condenados a muerte o a estar presos por alguna causa que les pongan”, sostuvo.
Los familiares y abogados esperan que la Justicia Federal se haga cardo de la investigación del caso, lo que ayudaría a avanzar más profundamente en la búsqueda de la verdad sobre la desaparición de Luciano Arruga.
“Vamos a estar satisfechos cuando las personas involucradas sean condenadas por la responsabilidad que tuvieron en la desaparición de Luciano. Sólo vamos a estar satisfechos cuando haya una resolución judicial”, concluyó Pimentel.