Después de 7 años, citan a indagatoria al juez Hooft, acusado de delitos de lesa humanidad

MAR DEL PLATA.- El juez -en actividad- Pedro Federico Hooft, acusado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, deberá prestar declaración indagatoria ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Mar del Plata, informaron fuentes judiciales. Dicho juzgado citó a Hooft a declarar el próximo 13 de marzo, a las 10, en respuesta al escrito presentado en diciembre por el fiscal general Jorge Auat ante el juez federal Martín Bava, pidiéndole que ordenase la «inmediata» indagatoria del imputado.
La causa se inició en marzo de 2006, con una denuncia impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a causa de la participación de Hooft en el secuestro y asesinato de un grupo de abogados y sus familiares, en lo que se conoce como «La noche de las corbatas».
La Secretaria de DD.HH. sostuvo en su denuncia que Hooft «contribuyó intencionalmente con el terrorismo de Estado, permitiendo que pudiesen cometerse delitos de lesa humanidad», por lo que exigió su indagatoria, procesamiento y detención por ser presunto responsable por acción u omisión de los delitos de «tormentos seguidos de muerte, tormentos cometidos en forma reiterada, violación reiterada», y como «autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y supresión de objetos destinados a servir como prueba».
Luego se sumaron a la denuncia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión Provincial de la Memoria.
Fuentes de la acusación consideraron en diálogo con Télam que es necesario acelerar el jury del todavía magistrado en funciones, que se encuentra virtualmente paralizado.

El «caso Hooft» es un caso paradigmático de la resistencia del poder judicial a revisar su complicidad con la dictadura. Hooft, apodado «El holandés», desarrolló una alambicada estrategia basada en múltiples recusaciones, planteos de nulidad y rechazos, con la que consiguió aplazar la indagatoria.
A fines de diciembre, el fiscal Auat, jefe de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, presentó un escrito ante el juzgado que lleva adelante la causa para rechazar un nuevo planteo del juez.
En el escrito, Auat promovió un procedimiento no sólo para esta causa, sino para los expedientes que en distintos puntos del país son dilatados por argucias y chicanas judiciales. Así, le pidió al juez Bava que mientras durara el “incidente” no suspendiera la investigación, sino que sacara copia certificada del expediente, siguiera adelante con la causa y ordenase la “inmediata” indagatoria del imputado.
«Que habiendo sido notificado de la recusación planteada por la defensa (de Hooft) y de su rechazo por parte del señor juez (…) vengo a solicitar que se prosiga con el trámite de la presente instrucción y en consecuencia se disponga la citación del imputado a prestar declaración indagatoria de inmediato”, expresa el escrito,q ue puntaliza que de acuerdo con el artículo 62 del Código de Procedimiento Penal, “si el juez fuere recusado y no admitiere la causal, siendo manifiestamente inciertos los hechos que se alegan, continuará la investigación durante el trámite del incidente”.

Auat también señaló que el planteo de Hooft debía ser rechazado por “extemporáneo” y, en otro de los puntos clave de su presentación, señaló que la batería de pedidos presentadas por el aún magistrado en funciones debía ser entendida como una estrategia de dilación.
“Las maniobras dilatorias denunciadas que se traslucen en una variedad de planteos recursivos y nulificantes sólo tienen por fin evitar el avance de la causa y, en concreto, demorar indefinidamente la citación del imputado al proceso”, señaló., y por otro, el pedido de destitución a través de un jury.
La causa penal estuvo desde un comienzo prácticamente paralizada. Hooft recusó a todos los jueces que la tomaron, consiguiendo que fueran apartados, hasta que recayó en manos del juez federal de la jurisdicción de Azul, Martín Bava, quien finalmente el año pasado pidió la indagatoria.
Hooft apeló, y cuando la Cámara de Mar del Plata rechazó la apelación, recusó a Bava. Mientras la recusación es analizada por la Cámara Federal se presentó el escrito de Auat pidiéndole a Bava que continúe con el proceso.

“Lo que está diciendo Auat centralmente es ‘basta de dilaciones’”, resumio el abogado Eduardo Salerno, un sobreviviente de «La noche de las corbatas» que representa a la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia.
“La indagatoria es el comienzo de un juicio, una medida esencial que no se pudo hacer en seis años y medio. Nadie se opone a que Hooft ejerza su derecho a defensa en juicio, pero existen límites cuando el proceso se vuelve kafkiano y hace que la causa no avance nunca. Nosotros pedimos la indagatoria y como querella vamos a acompañar el planteo de la fiscalía, porque no queremos que esto se convierta en una maraña” le dijo entonces Salerno a la periodista Alejandra Dandan, de Página/12.
El juicio político
En marzo de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires aceptó la apertura del proceso pero, en flagrante contradicción con lo que ordena la Constitución provincial –la suspensión de las funciones mientras dure el proceso–, resolvió que Hooft podría seguir ejerciendo. Y no fue la única decisión. Con votos de Héctor Negri, Luis Esteban Genoud y Víctor Horacio Violini –y la oposición de Hilda Kogan y Eduardo Néstor de Lazzari–, aceptó un recurso del propio Hooft para presentar un “recurso federal extraordinario” ante la Corte Suprema de Justicia de Nación, maniobra que postergó la constitución del «jury» durante tres años y medio.
En diciembre de 2011 la Corte Suprema de la Nación rechazó lo decidido por la provincial, cuestionado a sus miembros con acidez por aceptar el recurso de Hooft “sin examinar, siquiera mínimamente, la entidad y efectos del cuestionamiento» que se la hacía.
En consecuencia, La Corte nacional le ordenó a la provincial que produjera un nuevo dictamen, tarea para la cual los supremos bonaerenses se tomaron casi un año. Recién cuando la Asociación de Familiares recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado nacional por denegación de justicia, se pronunciaron, rechazando el planteo de Hooft que, inasequible al desaliento, recusó al único de los jueces que le faltaba recusar. Antes que terminara el año, la Corte rechazó esa recusación, por lo que ahora debería avanzar el juicio político.

El jury corre por cuenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. El espacio lo integran el presidente de la Suprema Corte bonaerense, senadores, diputados y cinco abogados de la provincia. Tendría que haber empezado a trabajar el caso en marzo de 2009 –aun con los recursos pendientes–, pero lo cierto es nunca comenzó a funcionar y quienes estaban designados para integrarlo concluyeron sus mandatos.
Recién el pasado 26 de diciembre, luego de la presentación ante la CIDH, terminó de integrarse el jurado.
En buena lógica, una de las primeras medidas que deberá adoptar es responder el pedido de suspensión de Hooft como juez en funciones.