Pidieron prisión perpetua para 31 de los imputados por delitos de lesa humanidad

Tras más de 20 meses de audiencias, el Ministerio Público Fiscal de la Nación encuadró la responsabilidad penal de 40 imputados por privaciones ilegales de libertad, tormentos, asesinatos y desapariciones de 272 víctimas

El Ministerio Público Fiscal de la Nación, representado por el fiscal Juan Pablo Curi y los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, pidió penas de prisión perpetua para 31 de los 40 imputados en el juicio denominado Subzona 15, luego de 20 meses de audiencias para determinar la responsabilidad penal de los acusados por privaciones ilegales de libertado, tormentos, asesinatos y desapariciones de 272 víctimas.

Además del pedido de 31 prisiones perpetuas –ocho de los acusados ya acumulan sentencias a la misma pena-, se solicitaron penas de entre 6 y 25 años para el resto de los imputados.

Durante siete audiencias, el Ministerio Público Fiscal desarrolló una breve reseña del circuito represivo en la órbita de la Subzona 15: los centros clandestinos de detención y de las condiciones inhumanas de vida imperantes, con referencia a las sentencias ya dictadas en el circuito. Luego se analizó la materialidad delictiva de cada uno de los casos que conforman la plataforma fáctica de este debate: en primer término se describieron los hechos que forman parte del tramo conocido como Cueva 2 en orden cronológico. Luego se detallaron los restantes hechos que conforman el objeto de la causa, respetando las conexiones entre los distintos casos por militancia común y las fechas de los secuestros.

Otro tramo del alegato tuvo que ver con el análisis de la responsabilidad penal que le cabe a cada uno de los imputados; luego se encuadraron las conductas típicas, para solicitar por último las condenas que se desprendían del análisis del cuadro probatorio del juicio.

Este megajuicio tuvo como novedad que 31 imputados se “sentaron” por primera vez en el banquillo. Además, llegaron a esta instancia de debate oral por primera vez 97 casos que fueron reconstruidos a partir de las pruebas incorporadas al juicio y los testimonios escuchados en estos casi dos años de audiencias. Estas circunstancias, plantearon los fiscales al inicio del alegato, “nos ponen ante la verdadera magnitud de la represión estatal en jurisdicción de la Subzona 15”.

“Durante el alegato se revisaron los testimonios y documentos incorporados al juicio, que han dado sustento al pasado violento que sumergió a la ciudad de Mar del Plata y zonas aledañas en lo que se dio en llamar la ‘lucha contra la subversión’, entendiendo que los hechos cometidos en ella fueron parte del engranaje del sistema represivo instaurado en Argentina en la década del setenta, por los miembros de las fuerzas que ocuparon el poder”, expusieron.

El Ministerio Público Fiscal reparó en que la sistematicidad delictiva adoptada como una política institucional de las fuerzas armadas a partir del plan sistemático de represión estatal está acreditada no sólo por la «Causa 13» sino que también por las distintas sentencias dictadas en los juicios de lesa humanidad realizados en esta jurisdicción. “Se ha probado que en la ciudad de Mar del Plata existieron centros clandestinos de detención y tortura, operados por las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad que conformaron un circuito represivo de gran envergadura”, sostuvieron.

Los acusados

Durante el alegato, los fiscales describieron a quiénes se estaba juzgando y qué roles cumplían a la fecha de los hechos investigados. “Los imputados han sido virtuales ausentes durante las audiencias de debate, autorizados para no presenciar la recepción de la prueba, han ocupado el banquillo solo en las ocasiones que el Código Procesal impone como imprescindibles. También es cierto que sus nombres no han resonado en la sala de boca de los cientos de testigos que pasaron por el tribunal. No es ello casual”, dijeron.

“No estamos en presencia de autores directos que hayan cometido los ilícitos de propia mano y tampoco, en la mayoría de los casos, se trata de los jefes máximos de las Fuerzas Armadas en la jurisdicción que han sido condenados con anterioridad y/o no han llegado a estar en juicio a causa de su fallecimiento o de su incapacidad sobreviniente”, repararon luego.

Se juzga -dijeron- a responsables de la Subzona Militar 15 y del Área 15.1: Virtom Modesto Mendiaz (pedido de pena a prisión perpetua), Alfredo Manuel Arrillaga (prisión perpetua), Eduardo Jorge Blanco (prisión perpetua), Jorge Luis Toccalino (prisión perpetua), Carlos Alberto Suarez (prisión perpetua), Fortunato Valentín Rezzet (prisión perpetua), Juan Carlos Aiello (prisión perpetua), Hugo Ernesto Pabón (prisión perpetua) y Eduardo Carlos Isasmendi Sola (diez años). También son juzgados miembros de la Sección Inteligencia de la Base Aérea Militar de Mar del Plata, dependencia que colaboró en los secuestros y los torturas aplicadas a las víctimas que fueron alojadas en el centro clandestino de detención “La Cueva”, y en la que revistaba -como suboficial- Gregorio Rafael Molina, el primer condenado por delitos contra la integridad sexual dentro de un centro clandestino, categorizados como delitos de lesa humanidad. De esta sección son juzgados su jefe Alcides José Cerutti (para quien se solicitó pena de prisión perpetua) y Gonzalo Gómez Centurión (doce años).

En virtud de la unificación de las causas “Cueva 2”, “Base 5” y “Subzona” y “Base Naval”, son juzgados también el Jefe del Estado Mayor de la FT 6, Justo Alberto Ignacio Ortiz (para quien se solicitó prisión perpetua); los jefes de Operaciones de la Fuerza de Tareas N°6 César Enrique Martí Garro (25 años), Eduardo Carlos Frías (prisión perpetua), Mario Blanco Azcarate (prisión perpetua) y Alfonso Eduardo Nicolás (prisión perpetua); los Jefes de las Unidades de Tareas en las que se dividieron los Grupos de Tareas 6.1 y 6.2 -que integraron la FUERTAR 6-: Raúl César Pagano (prisión perpetua), Alfredo Raúl Weinstabl (prisión perpetua), Luis Héctor Bonanni (prisión perpetua); los jefes de la Agrupación Buzos Tácticos: Rafael Alberto Guiñazú (prisión perpetua), José Omar Lodigiani (prisión perpetua) y Carlos María Robbio (prisión perpetua); al segundo Comandante del Grupo Tareas 6.2, Omar Ramón Gronda (prisión perpetua); y a miembros de la Agrupación Comandos Anfibios, U. T. 6.1.1, Ernesto Davis (prisión perpetua), Juan Roberto Contreras (6 años), Silverio Abel Cortez (6 años), y Juan Tomás Carrasco (15 años).

A su vez, llegaron a juicio miembros de la Central de Inteligencia de la FUERTAR: Julio César Fulgencio Falcke (para quien se pidió la pena de prisión perpetua), Héctor Raúl Azcurra (prisión perpetua), Oscar Ayendez (prisión perpetua) y Policarpo Vazquez (prisión perpetua).

También son juzgados los Jefes de los Departamentos de Sanidad de la Base Naval y de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina: Raúl Enrique Pizarro (para quien se solicitó prisión perpetua), Carlos Arturo Mansilla (prisión perpetua), y Miguel Ángel Domingo Parola (prisión perpetua).

Llegaron a juicio además los Jefes de la Prefectura Naval Mar del Plata así como los Jefes y miembros de la Sección Informaciones de esta fuerza que funcionó como agencia de colección de la FUERTAR 6: Juan Eduardo Mosqueda (a quien se le solicitó pena de 25 años de manera unificada con las condenas recibidas en Base Naval 2 y 3); Ariel Macedonio Silva (a quien se le pidió pena de 23 años también de forma unificada con las recibidas en Base Naval 2 y 3), Néstor Ramón Eduardo Vignolles (a quien se le solicitó pena de prisión perpetua) Osvaldo Gaspar Siepe (prisión perpetua) y Eduardo Héctor Vega (prisión perpetua).

Por último, se detalló que se juzga la conducta del comisario Juan Alberto Rincón, titular de la Comisaría de Miramar, donde permanecieron alojadas víctimas secuestradas en la vecina ciudad que en su mayoría también tuvieron su paso por distintos centros clandestinos operados por la FUERTAR 6 de Mar del Plata.