La Justicia pidió informes sobre agrotóxicos a cinco intendentes de Cambiemos
La fiscalía de San Nicolás remitió oficios a un total de seis distritos para conocer prácticas relacionadas a la contaminación ambiental.
El fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, le solicitó a seis municipios del norte bonaerense que elabore informes sobre prácticas relacionadas a la aplicación de agroquímicos y la utilización de productos fitosanitarios, producto del antecedente de agua contaminada en Pergamino. Los distritos tienen 15 días hábiles para ofrecer la información.
La requisitoria de Di Lello alcanza a Javier Olaeta (Arrecifes), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Cecilio Salazar (San Pedro), Gustavo Perie (Ramallo) e Ismael Passaglia (San Nicolás), todos de Juntos por el Cambio. Ricardo Casi (Colón) es el único del Frente de Todos que deberá emitir un informe.
Sucede que en Pergamino, el intendente Javier Martínez incumple de manera sistemática una orden judicial para proveer de agua potable a algunos barrios de la ciudad que tienen altos niveles de contaminación en la red.
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Esto es producto de diversos informes elaborados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Autoridad del Agua provincial.
En los reportes realizados entre febrero y julio de 2019, los institutos destacaron que el agua está contaminada con 18 agrotóxicos, entre los que se destacan glifosato, atrazina, imidacloprid, acetoclor, clorpirifos y 2-4D, entre otros.
Además, la Autoridad del Agua tomó muestras en 16 puntos diferentes de la ciudad, tanto en pozos como en tanques y canillas y detectó que la presencia de arsénico oscila entre los 50 y los 89 microgramos. Según el Código Alimentario Argentino, el máximo permitido son 10 microgramos por litro.
En ese marco, Di Lello les pidió a los jefes comunales que elaboren informes que den cuenta si existen zonas de exclusión para preservar la integridad de las personas que viven en zonas linderas a en donde se realiza de manera regular la aplicación de pesticidas.
También consideró pertinente la solicitud de informes porque, producto de la cantidad de agroquímicos registrados en el agua, se registró una importante cantidad de pacientes con glifosato en sangre y afecciones respiratorias y en la dermis, entre otras.
La requisitoria del fiscal de San Nicolás apunta, además, a saber si existen políticas públicas que regulan la utilización de productos fitosanitarios y cómo funcionan, teniendo en cuenta las zonas periurbanas y si las aplicaciones son aéreas o manuales.