El Gobierno sugirió liberar a represores, violadores y homicidas
El director general del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal envió un listado de más de 1000 presidiarios que para el Ministerio de Justicia están en condiciones de acceder a la libertad condicional o a la prisión domiciliara con pulsera electrónica.
El director general del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, le envió en enero al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos e integrado por magistrados, fiscales, organismos del Estado de derechos humanos, el listado de más de 1000 presos que el Gobierno «sugiere» liberar.
Es decir, presidiarios que según el Ministerio de Justicia de la Nación que conduce Germán Garavano podrían gozar dela prisión domiciliaria o la libertad condicional. Entre ellos hay represores, violadores y homicidas.
Segú, publicó Infobae, en el listado hay un apartado especial para pedir que se le otorguen los beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad que tienen más de 70 años.
Entre los nombres más controvertidos se encuentran los genocidas «el Tigre» Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda (tío de la diputada nacional Victoria Donda), el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, también condenados a prisión perpetua.
El listado continúa con Julio «el Turco Julián» Simón, ex agente de la Policía Federal y el primer represor condenado tras la nulidad en 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y Cristian Federico von Wernich, ex capellán de la policía de la Provincia de Buenos Aires.
Los presos mayores de 70 años por delitos comunes con posibilidades de salir de prisión son 46. Entre ellos se encuentra Guillermo Fernández Laborda, integrante del Clan Puccio.
Se trata de personas condenas mayormente por delitos vinculados al narcotráfico, pero también hay casos de homicidios, abusos sexuales, violaciones, corrupción de menores, secuestros y robos.
Según publicó el portal, el macrismo defendió la medida: «Tenemos reuniones con jueces desde enero de 2016 para informales quiénes son los presos que están en condiciones de acceder a la pulsera electrónica. Son todos los que están en condiciones. Ese listado se va actualizando y el objetivo es descomprimir la superpoblación que hay en las cárceles y lograr una mejor reinserción del detenido, porque quien tiene pulsera electrónica cuenta con un asistente social y un psicólogo que los asiste».